Los anuncios oficiales y los comentarios entusiastas de varios representantes del mundillo de las fintech soslayan el peligro que entraña para el público la legalización de un corralito perpetuo que propone el proyecto de Massa.
Por Gregorio Halaman
Anuncios espectaculares
Varios medios periodísticos económicos coincidieron en que una de las sorpresas más llamativas del debate presidencial del domingo 1 de octubre pasado fue el inesperado anuncio del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, de que proyecta crear a través de una ley del Congreso una moneda digital. Estas emisiones se conocen como monedas digitales de banco central, -habitualmente identificadas con su sigla en inglés, CBDC, (central bank digital coins)porque se oponen a la descentralización de modelos como Bitcoin, que prescinde de la existencia de bancos centrales y de políticas monetarias.
Funcionarios del Ministerio de Economía que hablaron con los medios proclamaron las supuestas bondades del proyecto de moneda digital de Massa. Así, anuncian que “MDA es el inicio de un programa de políticas orientado a evolucionar el vigente sistema de pagos digitales minoristas en el que participan las fintech, los bancos comerciales y las cámaras compensadoras bajo la supervisión y regulación del Banco Central”, que “una moneda digital generaría herramientas para incorporar la economía informal", -basada en el uso del dinero físico de monedas y billetes-, "al circuito formal”, que Al formalizar la economía,aumenta la base de contribuyentes y permite una mayor eficiencia recaudatoria, y prometen que "al tener un mayor control sobre las actividades económicas, es decir al dificultar la informalidad, habría margen para reducir los impuestos nacionales y provinciales, las comisiones de operación en plataformas y otros costos.
Los funcionarios de Economía apuestan a atraer el interés del público joven, acostumbrado a las transacciones electrónicas, y buscan incentivar su apoyo ofreciendo descuentos impositivos a quienes hagan uso del sistema durante la etapa en que tendría que coexistir con el tradicional dinero físico.
Comentarios (interesados) que no apuntan al problema
Como era previsible, los protagonistas de las actividades financieras o de consultoría cuyos negocios resultarían ampliados con la instrumentación de la moneda digital han salido a hacer declaraciones entusiastas que evitan mencionar los peligros del proyecto.
La Fundación Blogchain presentó una imagen optimista del proyecto de Massa a Infobae -03/10/2023. https://www.infobae.com/economia/2023/10/03/moneda-digital-argentina-como-es-el-peso-virtual-que-sergio-massa-quiere-crear-por-ley-y-para-que-sirve/-,un análisis según el cual las monedas digitales serían una “tendencia global”, que su principal beneficio radicaría en el uso de la tecnología blockchain que otorgaría "su propio valor inherente” a las monedas y garantizaría su seguridad, que una moneda digital supuesttamente ofrecería varias ventajas para la economía argentina, como “la democratización del acceso a servicios bancarios, la reducción de la economía informal y la implementación de reglas claras para la emisión monetaria”.
Facundo Corsi, fundador y CEO de n1u. quiso presentar el proyecto oficial como algo inevitable, y declaró a Forbes Argentina, -07 Octubre de 2023 https://www.forbesargentina.com/money/por-casi-nadie-ve-buenos-ojos-moneda-digital-sergio-massa-n41930-, que la transición a un mundo sin dinero físico sería inevitable para seguir avanzando como sociedad, que el siguiente "gran paso de las finanzas" serían "las CBDCs y la tokenización de activos", que esos dos puntos serían "el inicio de una revolución en la experiencia de pagos tal como la conocemos desde hace más de 100 años”.
Julián Colombo, CEO de Bitso Argentina, -dedicada al negocio de los activos digitales desde hace casi diez años-, se entusiasma con los beneficios que el proyecto del ministro Massa acarrean a su negocio, y sostiene en el mismo reportaje que aunque “tal vez no sea el mejor momento para hacerlo”, el posicionamiento comunicacional del tema le parece positivo porque sería "un tema que la mayoría de las personas no tenía en cuenta como alternativas", y que "todo lo que tienda a aumentar la educación sobre instrumentos financieros basados en tecnología es positivo”.
Estos posibles beneficiarios privados del proyecto oficial para la introducción de la moneda digital sólo señalan las dificultades operativas
legales y tecnológicas que faltaría superar para realizar sus objetivos, y se ofrecen a colaborar con el gobierno para agilizar el plan. Así,
Maxi Raimondi CFO de Lemon, reconoce que "hay varios desafíos regulatorios, económicos y de infraestructura tecnológica que hacen que la implementación del plan de Massa sea compleja en el corto plazo”; Sebastián Serrano, cofundador y CEO de Ripio, señala lo que llama "las carencias de los marcos regulatorios argentinos" para el funcionamiento de monedas digitales, y para anticipar "posibles problemas específicos derivados del uso de monedas digitales"; El análisis de la Fundación Blockchain asume que la implementación de esta moneda requerirá esfuerzos para “garantizar una conectividad a internet equitativa en todo el territorio nacional”. Y las entusiastas declaraciones de Facundo Corsi apenas se limitan a advertir que sólo "un mal uso" de los controles de los bancos centrales "pondría en jaque la libertad financiera.
Raimondi y Colombo reclaman que su sector de negocios sea incluido en la instrumentación del proyecto ministerial, insistiendo en que para ellos "lo deseable sería que se debata el tema a través de un diálogo abierto que incluya al sector público y privado".
Ninguno de estos personajes ha mencionado que lo que llaman "carencias del sistema regulatorio argentino" son las garantías constitucionales a la libertad y la inviolabilidad de la correspondencia y las barreras legales al manejo informático de información privada en las redes.. Apenas un detalle.
El verdadero rostro del proyecto de moneda digital: un corralito perpetuo.
El verdadero rostro del proyecto de la moneda digital quedó de manifiesto con las declaraciones del cerebro del proyecto en la Argentina, el economista Carlos de los Santos, en el programa de Marcelo Longobardi por Radio Rivadavia AM 630, en la mañana del 4 de octubre pasado, que todos podemos constatar en el sitio oficial del programa https://www.marcelolongobardi.com/nota/1720Allí de los Santos afirmó sin rodeos que "La idea es eliminar los billetes y las monedas", y que "todas las operaciones se hagan mediante esta herramienta."
La comprobación de que detrás del proyecto de moneda digital de Massa están estas ideas de de los Santos quedó en evidencia en el mismo reportaje. Aunque de los Santos pretendió sostener que él no tiene "ninguna relación" con Massa y que le molesta que el asunto "se politice de esta manera" en plena campaña electoral, reconoció que él fue quien le presentó el proyecto a Massa, -y a entidades empresarias que no identificó-, ya en 2019.
La introducción de monedas digitales alimenta los sueños de muchos gobiernos del mundo para controlar la totalidad de las actividades económicas, recaudar más impuestos y monitorear la vida personal de sus poblaciones. Tras la irrupción de Bitcoin y las criptomonedas, bancos centrales de Países que tienen gobiernos con aspiraciones de control de diversos alcances, como Suiza, China, o Rusia,
están explorando las posibilidades de emitir monedas virtuales, y ya comenzaron a utilizarlas, aunque sea a nivel experimental. Como ha declarado Ramiro Raposo, VP de Growth de Bitwage, también entrevistado en la citada nota de Forbes Argentina, "es una gran herramienta de regulación para los gobiernos que quieren tener más control sobre el mercado cripto y a su vez control monetario”.
El proyecto de establecer en la Argentina el reemplazo del dinero en efectivo por transacciones electrónicas a través de la moneda digital es un nuevo intento de instalar, esta vez, de manera permanente, el uso obligatorio de transferencias electrónicas que ya había dispuesto el Decreto 1570/2001, de diciembre de 2001, al final del gobierno de Fernando de la Rúa, que pasó a la historia con el tristemente recordado nombre de "el corralito". También en aquella época había voces cercanas al gobierno que justificaban la imposición de las transacciones electrónicas en nombre de las supuestas bondades de la bancarización para poner límites a la economía informal. E incluso, igual que ahora, proponían alguna reducción de impuestos para las transacciones que fuesen electrónicas, que por entonces se realizaban con las tarjetas de débito.
Las falsas justificaciones económicas del proyecto de moneda digital
El argumento principal de los proyectos de moneda digital como el que quiere establecer Sergio Massa es que la eliminación de la economía informal y la consiguiente incorporación de toda la actividad económica al pago de impuestos contribuiría a bajar los impuestos. A primera vista el relato parece lógico y atractivo: se repite que cobrarle cada vez más impuestos a los que están registrados es cazar en el zoológico, mientras los que están en la economía informal siguen evadiendo, y se supone que cuantas más personas paguen los impuestos, tanto menos se necesitaría exigirle a cada una para sostener los gastos del estado en salud, educación y seguridad que la sociedad necesita.
El problema es que el relato de que reducir la economía informal y ampliar la base de contribuyentes reduciría las cargas tributarias ha demostrado ser una comprobada mentira. Ante todo, la reducción de la economía informal no se asocia para nada con la reducción de la presión tributaria. Hay importantes investigaciones internacionales, -como el trabajo comparativo de treinta y cinco economías, de Colin C. Williams y Besnik Krasniqi, titulado "Evaluating the individual- and country-level variations in tax morale: Evidence from 35 Eurasian countries", publicado en 2017 en la conocida revista académica Journal of Economic Studies, Vol. 44 No. 5, pp. 816-832, o como los igualmente conocidos informes de la OCDE titulados "Latin American Economic Outlook 2018: Rethinking Institutions for Development", OECD Publishing, Paris, y ": Tax Morale: What Drives People and Businesses to Pay Tax?"
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f3d8ea10-en/index.html?itemId=/content/publication/f3d8ea10-en-,comparados con las cifras de Tax Justice Network, una ONG dedicada a la lucha contra la evasión impositiva, -https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/04/150406_economia_evasion_fiscal_america_latina_mj- permiten ver con datos empíricos que la reducción de la economía informal se asocia con el aumento y no con la reducción de la presión tributaria sobre el producto interno bruto, -es decir, a medida que el estado se asegura mejor el cobro de los impuestos, tasas y contribuciones varias que le cobra a más gente por el conjunto de los bienes y servicios del país-, gasta más y no menos, es decir, aumenta el gasto público.
En la Argentina, desde la década de los noventa los sucesivos gobiernos han venido ampliando cada vez más la cantidad de contribuyentes sujetos a algún tributo. En 1998 crearon la figura del monotributista- y en las décadas posteriores expandieron la cantidad de propiedades alcanzadas por el Impuesto a los Bienes Personales y la cantidad de asalariados alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.
Y, sin embargo, mientras nuestros gobiernos aumentaban la cantidad de contribuyentes alcanzados aumentaron también la presión tributaria a su máximo histórico: Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), -cuya síntesis puede verse en https://www.infobae.com/economia/2023/09/03/siempre-para-arriba-en-los-ultimos-26-anos-la-presion-tributaria-aumento-mas-de-50-en-la-argentina/-, muestra que entre 1997 y 2023 la presión fiscal aumentó 51,1 por ciento. En 1997 la recaudación tributaria total del Sector Público Argentino representaba el 21,1% y en 2023 llegó a un valor de 31,9% del producto interno bruto,
La expresión mayor de esta asociación entre reducción de la economía informal y aumento de la presión tributaria se ve en los paises de la Unión Europea. Otro informe de la OCDE, -cuya síntesis puede encontrarse en https://chequeado.com/ultimas-noticias/luis-petri-la-argentina-esta-entre-los-10-paises-con-mas-alta-presion-tributaria/-, muestra cómo economías como las de Alemania y Francia, que tienen un nivel de informalidad de apenas un 15 al 16%, tienen una presión tributaria superior al 40%. Los contribuyentes europeos toleran esas altas presiones tributarias porque, a diferencia de nosotros, por lo menos reciben buenos servicios de salud, educación y seguridad por parte de sus estados, no necesitan pagar por servicios de educación, salud y seguridad privados. Pero eso no cambia el hecho de que la reducción de la economía informal no ha traido alivio a nadie respecto de la presión tributaria.
En otras palabras, hoy se sabe que la persecución de la economía informal no le cambia la vida a la gente, y sólo sirve para que los gobiernos cobren más y gasten más.
Los verdaderos peligros del proyecto de moneda digital
La comunidad académica de la ciencia económica, -y, por lo tanto, los especialistas del Ministerio de Economía-, saben que el argumento de perseguir las transacciones de la economía informal para achicar la presión tributaria no tiene fundamentos científicos ni históricos. No es un secreto que nosotros acabamos de descubrir; es información ampliamente publicada en trabajos académicos e informes internacionales que cualquiera puede consultar por internet.
Y entonces, ¿por qué insisten? Lo que sucede es que la característica distintiva del sistema de moneda digital es que el gobierno pasa a tener conocimiento directo de casi cualquier actividad de toda la población. Como bien advierte la nota de Infobae, la principal crítica a las CBDC surge por el lado de la privacidad ya que, en principio, toda transacción sería visible para el Estado. Como reconoce La Fundación Blockchain, se trata de “una tecnología 100% trazable”,
Manuel Beaudroit, cofundador y CEO de Belo, -uno de los pocos empresarios fintech que en la nota citada de Forbes Argentina ha mostrado reparos sobre la ineficacia económica y sobre los peligros para las libertades personales que acarrean los proyectos de moneda digital como el que impulsa el ministro candidato. Ha dicho en una forma que Agustín Jamele, -el periodista de Forbes Argentina que lo entrevistó a él y a sus otros colegas del mundillo fintech-, no dudó en calificar como tajante, "Personalmente no pienso que sea una buena solución”.
En cuanto a lo económico, Beaudroit recuerda que en un contexto como el argentino, donde todos los gobiernos se acostumbraron a financiar el déficit público con emisión, "no soluciona de fondo el problema que tiene el peso argentino, de hecho lo puede llegar a empeorar con una emisión monetaria más descontrolada y rápida, ya que les eliminaría el costo de emitir dinero, -porque nuestro país importa el papel billete, lo que lo encarece más allá de lo que vale en el mercado-,
Y en cuanto a las libertades personales, Beaudroit compara el proyecto de Massa con el opresivo escenario de la célebre novela El Gran Hermano, de George Orwell, -que por cierto, no se refería a las rivalidades de un grupito de jóvenes ociosos confinados en una casa compartida, sino a un supuesto mundo futuro en el que el líder del gobierno, que se hace llamar, precisamente, el Gran Hermano, vigila y controla la vida de toda la población hasta los aspectos más íntimos-, Beaudroit advierte que Perseguir un proyecto que es casi Orweliano va a terminar en mal puerto como sucedió con el Petro en Venezuela”. Aclara que "las CBDC funcionan muy bien en regímenes totalitarios como China pero en ningún otro país del mundo podrían hacerlo", y ejemplifica que “En Estados Unidos y Nigeria votaron que no lo adoptarán.
Hablando en buen castellano, acá el verdadero peligro es que la legalización de un sistema de moneda digital que nos obligue a todos a hacer nuestros pagos comerciales o nuestras ayudas personales únicamente por medios electrónicos controlados por el estado, solamente sirve para darle más poder al gobierno sobre la vida de la gente. Es el escenario perfecto para una clase política acostumbrada desde hace añares a comprar voluntades de personas vulnerables, militantes y empresarios por medio de dádivas y a extorsionar a periodistas, opositores, contribuyentes y eventuales denunciantes, para que se callen o aporten dinero, con la simple amenaza de un oportuno carpetazo.
Es un sistema de vigilancia de la vida privada. No es comparable a los sistemas de videocámaras callejeras, -que a veces han sido cuestionadas con argumentos parecidos por algunos intelectuales, porque las cámaras monitorean el espacio público, no lo que hacemos en nuestra vida privada.
Y, lo más importante, es un peligro que nos afecta a todos. El poder del gobierno sobre la plata y la vida privada de la gente tampoco es un peligro que afecte solamente a los empresarios poderosos, a los periodistas, o a los que se meten en política, -como a veces sugieren los que defienden la instalación de estos controles-. El mundillo de la política proviene mayoritariamente de los mismos círculos sociales que los empresarios poderosos, así que se conocen, son más las veces que cooperan que las que se pelean, y, si alguna vez tienen conflictos, los poderosos siempre tienen forma de eludir los controles.
En cambio, las personas comunes nunca sabemos qué día la vida nos puede poner en la necesidad de denunciar los abusos o los abandonos criminales cometidos por un funcionario escolar, sanitario, municipal o policial, por un político de nuestra localidad, o por familiares, amistades o por gente con algún contacto en la burocracia o en la política. Las chicas abusadas por hijos de políticos, la gente que pierde la vida o sufre lesiones irreparables por las deficiencias de rutas, trenes, submarinos o camiones militares mal mantenidos, la gente que maneja fábricas, comercios o establecimientos gastronómicos y sufre las presiones cotidianas de funcionarios coimeros, las víctimas de abusos policiales , negligencias hospitalarias o acosos escolares, no vienen de las altas élites: puede ser usted, puedo ser yo, puede ser nuestra pareja o alguien de nuestra familia, de nuestro trabajo o de nuestro barrio,y sabemos muy bien la indefensión que padecemos frente a las redes políticas, burocráticas, influencias, amistades, y lealtades familiares que le pueden brindar protección a quien necesitamos denunciar.
¿Qué perspectivas nos esperan si, además de todo eso, se establece un sistema permanente que Le permitiría a cualquier gobierno conocer en tiempo real detalles tan íntimos de nuestras vidas como qué compramos ayer en la farmacia, qué vamos a comer esta noche, a quién de nuestra familia dimos una ayuda económica el mes pasado, en qué hotel pasamos nuestra escapada de fin de semana o en qué albergue transitorio concurrimos a una cita, y les da la posibilidad de divulgar esa información, o simplemente, dejarnos sin plata con sólo apretar un botón?
El autor es abogado y analista conductual, consultor en análisis político para clientes nacionales y extranjeros desde hace más de treinta años, profesor adjunto regular de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesional principal del Programa de Instituciones Políticas Fundamentales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales "Dr. Ambrosio A. Gioja" UBA-CONICET e investigador principal del Programa de Estudios Presidenciales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas USAL-CONICET.
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