¿Qué hay detrás del rápido ofrecimiento de asilo del presidente mexicano a Evo Morales?
Evo Morales y el negocio cocalero
No se puede decir que Evo Morales sea un narco político, en el clásico sentido en que se habla de personajes que sólo han logrado cobrar notoriedad gracias al financiamiento que pudiesen haber recibido de las redes de narcotraficantes-. Esa sería una simplificación que no alcanzaría a explicar su ascenso al protagonismo político.
Evo Morales cimentó su popularidad sobre el dolor acumulado de millones de personas de rasgos indígenas que fueron discriminadas durante siglos en el contexto de una sociedad profundamente racista como Bolivia. Los alcances del racismo cotidiano que había en Bolivia son difíciles de concebir en una sociedad democrática moderna. Hasta hace pocas décadas, por ejemplo, si un indio venía caminando por una vereda y venía un blanco de frente, era usual -sobre todo en ciertas regiones- pretender que el indio se baje de la vereda y ceda el paso al blanco.
No se trató de un éxito del arraigo popular de las concepciones socialistas que el partido de Morales invocaba. En realidad habría que hacer un estudio académico muy profundo para ver si la amalgama de creencias espirituales andinas y reivindicaciones étnicas que han caracterizado la identidad política de Morales tienen algo que ver con alguna especie de socialismo -que sí puede identificarse en el pensamiento de su vicepresidente, Álvaro García Linera, un calificado intelectual marxista-.
Se trató más bien de la intuición de que uno de los suyos podía por fin darles algún respaldo. En un escenario como era el boliviano, el solo hecho elemental de reclamar abiertamente que los indígenas debían ser tratados como seres humanos iguales a los demás resultó suficiente para despertar la fascinación de millones de personas cotidianamente maltratadas como ciudadanos de segunda en su propio país, en que, además, son la mayoría.
Pero el trasfondo del que proviene Evo Morales es el mundo del cultivo de la coca. Su carrera política comenzó como exitoso dirigente gremial de sus colegas, los productores cocaleros de la región del Chapare; desde esa base llegó a diputado nacional en 1997, y desde ese lugar se hizo conocido en los debates políticos nacionales de Bolivia.
Eso no convierte a Morales en un narcotraficante internacional: los productores de hoja de coca como él son pequeños productores que no tienen poder de negociación frente a las organizaciones productoras de drogas ilícitas, y reciben una parte insignificante de las fabulosas ganancias que acumulan esas organizaciones.
Pero sí lo convierte en una persona con intereses personales más vinculados con la continuidad que con la desaparición de la producción de drogas. En Bolivia -y en toda la región andina- los cultivos de coca superan las necesidades del consumo tradicional para convertirse en un insumo comprado a los productores por las redes internacionales de producción de cocaína.
Las suspicacias sobre esta tolerancia de Morales con los negocios ilícitos de sus colegas productores cocaleros se reafirmaron en abril de 2017, cuando promulgó una ley nacional de protección al cultivo de la coca, que amplió a veinte mil las hectáreas legalmente utilizables en el cultivo, cuando hay estudios que han calculado en catorce mil las necesarias para los usos no tóxicos tradicionales. Los reparos al respecto no provinieron únicamente del gobierno de los Estados Unidos -del que se podría argumentar que se inspira en motivaciones políticas-, sino de declaraciones públicamente realizadas en La Paz por el delegado de la Unión Europea en Bolivia.
Andrés Manuel López Obrador y el narcotráfico
Tampoco hay motivos para sostener al día de hoy que el nuevo presidente mexicano sea un narcotraficante. La desconfianza que sienten hacia él muchos funcionarios estadounidenses a causa de su perfil de izquierda es tanta que la más remota vinculación del presidente mexicano con cualquier forma de narcotráfico o lavado de dinero hubiera sido denunciada al mundo con megáfonos por el gobierno norteamericano.
Pero los antecedentes políticos de López Obrador lo colocan entre los líderes que se han negado a comprometerse en la lucha contra el narcotráfico, en base a la creencia de que la guerra contra las drogas es una excusa norteamericana para reafirmar sus mecanismos de control imperialista en América Latina. La expresión más controvertida de la posición reticente de López Obrador en asumir compromisos en la lucha contra el narcotráfico acaba de producirse el 18 de octubre pasado, cuando ordenó liberar inmediatamente y sin orden judicial a un capo narco buscado por la justicia de varios países.
El jefe narco liberado por el presidente mexicano es nada menos que Ovidio Guzmán López, uno de los hijos del jefe del poderoso Cartel de Sinaloa, Joaquín "el Chapo" Guzmán, denunciado por estar actualmente al frente del grupo criminal, luego de que su padre fuera extraditado a los Estados Unidos. Las fuerzas públicas mexicanas lo capturaron en Culiacán el 17 de octubre pasado, sus secuaces atacaron al personal con armas de grueso calibre y perpetraron atentados en toda la ciudad... y lo que el presidente decidió fue la inmediata liberación del jefe mafioso -ahora prófugo-,
La justificación que ensayó López Obrador para su polémica decisión llamó la atención por incorporar un argumento novedoso que se agrega a su clásica crítica política antinorteamericana a la guerra contra la droga. Sostuvo que la captura de un delincuente no justifica poner en peligro la paz.
¿Convicción o coincidencia?
¿Por qué fue justamente López Obrador el primero en ofrecer refugio a Morales con un avión oficial puesto en el día a su disposición?
¿Es sólo antiimperialismo, el resultado de las convicciones latinoamericanistas de López Obrador, como posición ideológica general de proteger a su colega y compañero de ruta contra las consecuencias de la crisis?
¿O es, además narco tolerancia, una expresión de simpatía más específica hacia la resistencia a cualquier avance en la guerra contra el narcotráfico, inspirada en la descalificación de esa política?
La cuestión merece investigarse. La respuesta a estos interrogantes será la clave para conocer cuál será el posicionamiento del nuevo gobierno mexicano en la problemática regional del tráfico y consumo de drogas, y también para saber quiénes serán sus verdaderos aliados y financiadores.
Por Gregorio Halaman