La combinación de medidas por las que el gobierno de Alberto Fernández prohíbe exportaciones de maíz o carne y decreta congelamientos de precios sería parte de una estrategia en que el sector kirchnerista duro del gobierno está convencido de que está construyendo poder político real. ¿Están en condiciones de realizar sus planes?
Medidas que parecen incomprensibles
Muchos observadores se vienen preguntando por qué el gobierno del presidente Fernández insiste en querer detener la inflación con medidas económicas cuya ineficacia parecería históricamente demostrada.
Hace más de cincuenta años, ya los trabajos pioneros de Milton Friedman, premio Nobel de economía 1976 demostraron con rigurosas estadísticas que la inflación es sobre todo un problema monetario asociado al exceso de emisión, y no un producto de supuestos formadores de precios: allì están, para quien todavía no los conozca A Monetary History of the United States, 1867-1960, Princeton University Press, publicado por primera vez en 1963 por Friedman en coautoría con Anna Schwartz, y otros libros más recientes del mismo autor traducidos en perfecto castellano, como La teoría de los precios. Ediciones Altaya, 1994.
Allí está también el célebre análisis histórico de Robert Schuettinger y Butler Eamon, publicado originalmente por la Heritage Foundation en 1979 y publicado traducido al castellano aquel mismo año en Buenos Aires por Atlántida con el título de 4000 AÑOS DE CONTROLES DE PRECIOS Y SALARIOS, en el que se demostró -también con amplio respaldo documental y estadístico- cómo han fracasado los controles de precios ya desde la época de la antigua Babilonia y del imperio romano.
Pero lo que más ha desconcertado a los observadores más atentos es que, tal y como se dictaron, las medidas lanzadas por el gobierno no parecen responder ni siquiera a la lógica del discurso oficial de controlar los precios. El cepo sobre las exportaciones de maíz se decretó sin que hubiese faltantes para el mercado interno, ¿por qué?; la prohibición de exportar carne a China recayó sobre un tipo de carne de vacas de avanzada edad inaceptables para el público argentino que ´sólo los chinos estaban interesados en comprar, ¿por qué?; y el congelamiento de precios de más de mil cuatrocientos productos sólo se aplicó en los grandes cadenas de supermercados, que abastecen sólo al treinta por ciento de los consumidores. ¿Qué está sucediendo?
Una cuestión de pensamiento político
A pesar de la fama de proyecto marxista que se ha labrado el kirchnerismo, mediante la exhibición y respaldo de algunos intelectuales y políticos de ese origen -como Carlos Zannini o Diana Conti-, los tomadores de decisión deberían tener en cuenta que las ideas económicas del oficialismo en realidad no son marxistas. La confusión surge sólo porque existe la tendencia -equivocada- a creer que cualquier intervención del estado en la economía es socialismo.
El pensamiento del riñón K se nutre, en realidad, de las visiones del nacionalismo económico. Son teorías concebidas en la década de mil novecientos veinte y treinta por Francesco Nitti, Gottfried Feder, Mihail Manoilescu y otros economistas que asesoraban a Mussolini, a Hitler y a otros regímenes similares de la Europa de aquel tiempo. Son adaptaciones al siglo XX de las concepciones económicas preliberales de las monarquías absolutistas del siglo XVII, conocidas en los libros de texto como mercantilismo o colbertismo, combinadas con algo de keynesianismo,-aquella teoría que decía que la economía se reactiva con el aumento del gasto público. Son poco conocidas porque los autores marxistas que suelen enseñarse en nuestras universidades presentan la discusión como si todo lo que no es socialismo fuese una misma cosa.
Las ideas del nacionalismo económico se pueden conocer en detalle a través de la lectura de trabajos como la investigación de Giuseppe de Corso, titulada "La política económica del fascismo Italiano desde 1922 hasta 1943: breves consideraciones para su comprensión", publicada en la revista científica tiempo y economía, volúmen 2 número 2, páginas 49-77, o en la monumental obra de Adam Tooze publicada en 2007, The Wages of Destruction: the Making AND Breaking of the Nazi Economy, Nueva York: Viking. Cuando las leemos descubrimos el parecido impresionante que tienen con las políticas económicas de los populismos latinoamericanos.
Son decididamente antiliberales. Su objetivo es lo que se llama la autarquía nacional, es decir, basar la economía en un mercado interno controlado. Su estrategia es el control político de la economía. Sus políticas buscan la restricción del comercio internacional, la ruptura con el financiamiento externo, el control estatal del sector financiero, de los mercados de capitales, de los recursos naturales, de las industrias y servicios estratégicos, del destino de las inversiones, y del monto de los precios de bienes y servicios y de los salarios.
Son las ideas en que cree Guillermo Moreno, el que fue secretario de Comercio Interior durante la anterior gestión kirchnerista, y que ahora son reasumidas por su sucesor, Roberto Feletti. Se inspiran en las políticas de Miguel Miranda, el ministro nacionalista del primer gobierno de Perón, y en los libros del mentor económico de la efímera dictadura de Roberto Marcelo Levingston entre 1970 y 1971, el economista Aldo Ferrer, autor del famoso lema "vivir con lo nuestro".
Sin embargo, es interesante advertir que Perón ya había dejado de lado buena parte de las políticas del nacionalismo económico desde comienzos de la década de los cincuenta, -cuando confió la economía a la gestión del pragmático Alfredo Gómez Morales, que auspició la radicación de multinacionales industriales en el país, como las automotrices Mercedes Benz e IKA y la petrolera Stantard Oil-. Incluso para la década de los setenta Perón había descartado la idea de nacionalizar los medios de comunicación: en diciembre de 1973 comentaba: "en el cincuenta y cinco teníamos todos los medios en nuestras manos y nos echaron, ahora, con todos los medios en contra, ganamos las elecciones"-.
El problema fue que Perón, -como tantos políticos argentinos, desde Yrigoyen hasta Rodríguez Larreta-, siempre se ilusionó con construir una super coalición de unidad nacional en la que congregaría a cualquiera dispuesto a seguirlo sin importar mucho lo que piense. Así fue cómo el peronismo incorporó en sus días a elementos nacionalistas -como Oscar Ivanicevich, y José López Rega-, y continúa albergándolos hasta hoy -allí están, por ejemplo, Guillermo Moreno y Sergio Berni- .
Una estrategia acorde con esas ideas
Para los creyentes del nacionalismo económico cualquier actor de la economía que sea más poderoso que el estado o simplemente tenga el potencial de actuar con independencia del gobierno constituye una posible amenaza o por lo menos, una anormalidad que tiene que domesticarse.
Por eso no les preocupan los emprendimientos económicos grandes o pequeños que de cualquier forma dependan de recursos o apoyos oficiales, -como el Grupo Indalo, de Cristóbal López, o en su momento, el Grupo Austral de Lázaro Báez, o como las seudo cooperativas que usurpan instalaciones y equipamientos de empresas previamente empujadas a la quiebra, que reanudan la actividad con subsidios estatales. Todos ellos comparten el simpático rasgo de depender de la buena voluntad del gobierno.
Y por eso, en cambio, ven con malos ojos a cualquier actor económico, grande o pequeño, que sea independiente. Ya sea el sector agroindustrial, Mercado Libre, el grupo Clarín o la gente que hace transporte personal en combis o por plataformas, inicia microemprendimientos textiles o se dedica al trabajo sexual. Todos ellos tienen el pecado común de que no buscan vivir de la política.
En otras palabras, los tomadores de decisiones harían bien en tener en cuenta que las medidas que estamos viendo en materia de control de precios son la expresión de una ideología profundamente arraigada en el kirchnerismo. Van mucho más allá de las maniobras circunstanciales asociadas a algún episodio de corrupción.
Son parte de una política destinada a lo que el riñón kirchnerista interpreta como construir poder político real. Su objetivo es esmerilar a los actores independientes de la economía hasta lograr que cada uno de ellos se debilite lo suficiente como para plegarse a colaborar con cualesquiera objetivos políticos que decida el gobierno.
Una estrategia que nunca funcionó pero no se revisará fácilmente
Como nos enseñaron Schuettinger y Eamon, y como figura en cualquier manual de gerenciamiento, desde hace cuatro mil años que las iniciativas que consisten en querer controlarlo todo de manera centralizada no funcionan, ni a nivel de un país ni a nivel de una pyme. Esto se ve día a día, desde el efecto paralizante y corruptor que se produce en un país burocratizado, hasta el efecto de ineficacia y frustración que es tan conocido en cualquier microemprendimiento cuyos decisores no saben delegar.
El fracaso de las políticas de control de precios en nuestra historia económica es un dato conocido desde los tiempos de la conquista. La política de los reyes de España de prohibir el transporte de mercaderías por barco a Buenos Aires, desembarcarlas en Panamá, transportarlas por tierra a la costa pacífica del istmo, reembarcarlas hasta Lima y transportarlas hasta el Río de la Plata en carretas, a través de los actuales territorios del Perú y de Bolivia, a costos astronómicos, convirtió a Buenos Aires en un centro del contrabando desde el siglo XVII. Los congelamientos de contratos de alquileres urbanos que se expandieron desde la década de 1920 no pudieron asegurar el acceso a la vivienda. Los precios máximos de artículos de primera necesidad ensayados desde la década del cuarenta sólo generaban desabastecimiento. El congelamiento general de precios y salarios ensayado por el ministro Ber Gelbard en 1973 estalló en junio de 1975, en un episodio de sinceramiento de variables que la memoria popular recuerda como el Rodrigazo. El desagio de precios intentado por el ministro Sourrouille desde 1985 concluyó tres años después con la hiperinflación más grande de nuestra historia. El cepo a las exportaciones de carne introducido por Guillermo Moreno en 2006 y los que intenta el gobierno actual también caminan hacia la escasez y el encarecimiento, cuando no a la creación de oportunidades de corrupción.
La imposibilidad de estas estrategias queda al desnudo mucho más rápidamente cuando el gobierno que pretende controlarlo todo no dispone de recursos. Una cosa era hacer favoritismo y clientelismo con el flujo de dólares que el estado recaudaba durante el viento de cola dela burbuja mundial del precio de la soja a seiscientos dólares de hace quince años, y otra, muy distinta, es intentarlo con un escenario mundial contraído y la economía nacional estancada, en que la soja cotiza a cuatrocientos cincuenta y las reservas del Banco Central están a punto de agotarse. Como bien predijo un periodista al comienzo del actual gobierno: "es muy difícil hacer populismo sin plata".
Pero como estas políticas son la expresión convencida de una mentalidad arraigada, -y no sólo una maniobra aislada-, los tomadores de decisiones deben prepararse para asumir que el gobierno no va a desistir fácilmente de ellas. Como ha ocurrido tantas veces en la historia del país, negarán las evidencias, culparán del fracaso a otros y se empeñarán en continuar con sus medidas hasta que se desmoronen por insostenibles. Después de todo, a los seres humanos nos cuesta reconsiderar nuestras creencias más preciadas: así como en la vida cotidiana nos cuesta asumir que nuestra pareja nos ha engañado o que nuestro hijo consume drogas, a los políticos y más aún a los intelectuales les cuesta mucho reconocer que estuvieron equivocados toda la vida.
Por Gregorio Halaman
El autor es abogado y analista conductual, consultor en análisis político para clientes nacionales y extranjeros desde hace más de treinta años, profesor adjunto regular de Teoría del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesional principal del Programa de Instituciones Políticas Fundamentales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales "Dr. Ambrosio A. Gioja" UBA-CONICET e investigador principal del Programa de Estudios Presidenciales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Ciencias Jurídicas USAL-CONICET.
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